A mediados de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, las autoridades sanitarias empezaron a detectar varios casos de neumonía producida por causas desconocidas y en menos de cuatros meses se ha convertido en una pandemia mundial. Según la Organización Mundial de Salud, a fecha 8 de abril, hay más de 1.400 millones de casos confirmados de contagio y cerca de 81.000 fallecidos a causa del COVID-19 a nivel mundial. Ningún país estaba preparado para resolver una situación como la creada por la pandemia, siendo los más castigados hasta ahora Italia y España seguido muy de cerca por Estados Unidos de Norteamérica con 367.776 casos confirmados y cera de 12.000 personas muertas.

A causa de la pandemia, la vida de las personas, las instituciones públicas y privadas, así como los gobiernos, han dado un giro de 360 grados y las políticas sobre inmigración en diferentes países también han tenido que adecuarse a la realidad. Países como Marruecos y Argelia cerraron sus fronteras; la zona Schengen, una de las mayores conquistas de la Unión Europea, la que permite la libre circulación sin pasaporte de hasta 400 millones de ciudadanos de hasta 27 países, también ha sucumbido ante la crisis del coronavirus. De tal manera, España activó el artículo 28 del código de fronteras de Schengen que permite establecer controles de sus fronteras en situaciones de estado de alarma. En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) pidió el cierre de fronteras y endurecer los controles a la inmigración ante la expansión del coronavirus; en Austria, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) exigió poner en cuarentena a todos los inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo; y el gobierno de Grecia ha militarizado más sus fronteras para construir campos de detención para los inmigrantes.